Queridos diocesanos:

          La divulgación por los medios de comunicación de casos cada vez más frecuentes de corrupción, tráfico de influencias y acciones de mayor o menor gravedad en las que se ven envueltos políticos de diversas militancias nos obliga a todos, pero muy en especial a los mismos políticos, a reflexionar sobre la moralidad de conducta que deben conducir las acciones de los representantes de los ciudadanos.

         El Concilio Vaticano II enseña que el ámbito propio de los laicos es la esfera de lo secular y, en consecuencia, los asuntos temporales, y les encomienda dar testimonio de Cristo en la sociedad, de modo que, “juntando también sus fuerzas, han de sanear las estructuras y las condiciones del mundo, de tal forma que, si algunas de sus costumbres incitan al pecado, todas ellas sean conformes con las normas de la justicia y favorezcan en vez de impedir la práctica de las virtudes” (Vaticano II: Const. sobre la Iglesia, n.36). Es tarea de los laicos cristianos, unidos a todas las personas de buena voluntad, contribuir a la mejor ordenación de la sociedad, de suerte que ésta resulte lo más acorde posible con el designio divino y los valores del Reino de Dios anunciado por Jesús como realización en la tierra igual que en el cielo de la soberanía de Dios sobre la creación entera y la historia humana.

         Secundar la voluntad de Dios implica dar testimonio del nuevo orden de la creación redimida por Cristo. Un orden nuevo que, si es verdad que se deja sentir en la transformación interior del ser humano y acontece por la fe y  la gracia, se manifiesta asimismo en las acciones de los creyentes, en el seguimiento de una conducta ante Dios y con el prójimo que responde a «la justicia y santidad de la verdad» (Efesios 4,24), que son las notas que caracterizan según san Pablo el ser y el obrar del Hombre Nuevo.

         El cristiano obra en justicia, si rige su conducta por los mandamientos de la ley de Dios, que Cristo recapituló en el amor a Dios y al prójimo. El amor a Dios libera de la idolatría del sometimiento a los bienes de este mundo, que ante el valor absoluto de Dios resultan del todo relativos. La fidelidad a Dios hace insobornable a conciencia moral del cristiano. El amor al prójimo por amor a Dios, verdadero fundamento de la dignidad del ser humano, manifiesta la sinceridad de la fe y del amor a Dios, y orienta todas las acciones del hombre que sirven al bien común, que es el criterio moral que ha de regir toda actuación pública en la sociedad. Al bien común ha de someterse tanto la persecución del propio bien como el bien sectorial de los diversos grupos que integran la sociedad. Así, es desordenado moralmente procurar el interés propio o de grupo si el modo de hacerlo supone el desorden del bien común.

         El Papa Benedicto XVI, en su reciente encíclica «Caritas in veritate» (Caridad en la verdad), recuerda que la aportación específica que la doctrina social de la Iglesia ofrece  “se funda en la creación del hombre «a imagen de Dios» (Gn 1,27), algo que comporta la inviolable dignidad de la persona, así como el valor trascendente de las normas morales naturales” (n.45). En consecuencia, la moralidad de las acciones políticas que ordenan la economía se mide por su referencia a la condición trascendente de la persona humana. Cuando los políticos, igual que los empresarios o los sindicatos de los trabajadores no tienen presente el carácter humano de la actividad económica, y de cualquier forma violentan la ley en beneficio propio, sin atención al bien común y al carácter humano de este bien, no proceden de forma ética. Esto es lo que sucede cuando se persigue el propio interés mediante presiones injustas o manipulaciones éticamente reprobables del ordenamiento jurídico, que descalifican la función de los que deben comportarse como servidores del bien común.

         Los políticos católicos están obligados a obrar conforme a la norma ética que se funda en la dignidad de la persona, por eso cuando se ven implicados en acciones indebidas que pervierten la finalidad de la creación y uso de los recursos económicos y de la riqueza, se alejan de los mandamientos de Dios y de la ley de Cristo. Sus acciones resultan éticamente reprobables y contradicen la misión que Cristo les ha confiado como agentes de la transformación del orden temporal.

Por eso, deben tener también presente que es la norma ética, iluminada por la fe evangélica, la que ha de regir su conducta; y que, cuando se alejan de ella, anteponiendo su adhesión a programas de partido que entran en grave contradicción con la fe, como sucede ahora con la propuesta de una ley de aborto que supone una de las más graves violaciones de la ley de Dios, se ponen públicamente contra el Evangelio y rompen la comunión eclesial. Los políticos católicos están llamados a la fidelidad a la norma ética precisamente como agentes de aquella justicia y paz social que son un signo público del Reino de Dios.

Con mi afecto y bendición.

Almería, a 29 de noviembre de 2009.

+ Adolfo González Montes
Obispo de Almería

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